Aprobada en febrero de 2023, la Ley 4/2023 de protección a las personas LGTBI se alzó como un hito en la lucha por los derechos de la diversidad en España. Su objetivo era claro: garantizar la igualdad de trato y no discriminación hacia personas LGTBI en todos los ámbitos.
Sin embargo, a más de un año de su promulgación que ha pasado plagado de promesas, la falta de un reglamento específico sobre la elaboración de los Planes LGTBI por parte de las empresas sigue generando un clima de incertidumbre y frustración.
La ley establece que las empresas deben desarrollar e implementar un Plan LGTBI, un conjunto de medidas encaminadas a prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación por orientación sexual o identidad de género dentro de la organización. Sin embargo, el problema radica en que el propio texto legislativo no detalla cómo deben diseñarse y aplicarse dichos planes. Para eso, se prevé la publicación de un reglamento específico que, a pesar de lo prometido, a la fecha de este artículo, aún no ha sido presentado.
Esta falta de reglamentación ha dejado a las empresas en un limbo legal. Aunque la ley obliga a actuar, no ofrece directrices claras, lo que ha provocado que muchas organizaciones no sepan cómo cumplir con sus obligaciones. En Igualia hemos ayudado y estamos ayudando a las empresas que ya están comprometidas con la igualdad y diversidad a implementar acciones basadas en buenas prácticas y políticas pro derechos LGTBI, pero es inevitable cuestionarse cuándo sabremos si esto será suficiente.
¿Qué implica la falta de reglamento?
El vacío normativo no es solo un problema para las empresas que quieren cumplir con la ley, sino también para las inspecciones de trabajo, que carecen de criterios concretos para evaluar si las organizaciones están actuando de acuerdo con el espíritu de la norma. Esto ha resultado en una especie de "pausa forzada", donde se es consciente la obligación legal pero no se sabe cómo aplicarla en términos prácticos.
Desde el sector empresarial vemos una creciente preocupación por las sanciones futuras a las que podrían enfrentarse una vez que el reglamento sea publicado si el mismo es contrario a las prácticas que la empresa haya puesto en marcha. La incertidumbre se ha vuelto aún más tensa con la expectativa de que, una vez publicado, se podrían establecer plazos cortos para la implementación de los planes, sin suficiente tiempo para adaptarse.
Consecuencias para las personas LGTBI
Las personas LGTBI, destinatarias últimas de la protección de esta ley, son las que más están siendo afectadas. La falta de directrices concretas en las empresas ha retrasado la creación de entornos laborales seguros y libres de discriminación, muchas veces con la excusa de “esperar a ver qué pasa”. Aunque algunas empresas más comprometidas ya están adoptando políticas inclusivas por iniciativa propia, muchas más son las que no lo han hecho, lo que deja a una parte importante de la población vulnerable ante la discriminación.