30 de julio de 2020
El Gobierno y los sindicatos mayoritarios pactan dos reglamentos sobre igualdad laboral: las empresas ya no podrán llamar 'Plan de Igualdad' a los documentos que no negocien con los sindicatos
Los dos reglamentos desarrollan la norma de igualdad laboral aprobada por el anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez en marzo de 2019. Las ministras de Trabajo e Igualdad, Yolanda Díaz e Irene Montero, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, y la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, rubrican un acuerdo fruto del diálogo social, el último de varios y, eso sí, el único que, de momento, la CEOE se ha negado a firmar. Fuentes del Gobierno lamentan que la patronal no se haya sumado después de "meses de trabajo en el diálogo social". "A muchos empresarios les hubiera gustado formar parte de este acuerdo que supone un nuevo hito en el avance de la igualdad efectiva en el mundo laboral", señalan.
Las empresas de más de 50 trabajadores estarán obligadas a hacer una auditoria salarial que evalúe y valore cada puesto de trabajo. El reglamento especifica los criterios a los que deben atender estas auditorías, que tendrán que incluir también planes de acción para combatir las diferencias. Su registro salarial deberá ser más complejo y agrupar los puestos para calcular las diferencias por sexo, no solo por categoría o grupo profesional, sino también por trabajos "de igual valor",
Aporta una novedad, la inclusión de los criterios de "adecuación, totalidad, objetividad", es decir, para fijar un valor salarial a un puesto deben tenerse en cuenta criterios relacionados con ese empleo concreto, también todas las condiciones que "singularicen" ese puesto de trabajo y no solo algunas, y tienen que existir "mecanismos claros" que identifiquen los criterios objetivos que determinan el sueldo.
Todas estas obligaciones entrarán en vigor de forma transitoria a medida que lo haga la obligación de tener un plan de igualdad: desde marzo de este año, todas las empresas de más de 150 trabajadores deben tener uno, en 2021 serán las de más de 100 y las de más de 50 tienen hasta 2022 para hacerlo. Las obligaciones para las de menos de 50, menos exhaustivas, tendrán validez inmediata desde su aprobación por el Consejo de Ministros.
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